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SAN JUAN (CyberNews) El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico reafirm el jueves la necesidad de la justa paga que merecen por sus servicios de acuerdo con las exigencias de Medicaid. Segn dijeron en un comunicado de prensa, las entidades gubernamentales no escuchan ni toman accin ante los reclamos que han hecho consistentemente por los pasados 20 aos ante la Administracin de Seguros de Salud (ASES) y el Gobierno en bsqueda de un aumento de tarifas que les remunere justamente por su trabajo.

De acuerdo a los miembros del Colegio, la respuesta del gobierno ha sido nula, dejando de reconocer los daos que estn causando tanto a esta clase profesional como a todos los proveedores poniendo en jaque la estabilidad del sistema de salud.

No hay una sola razn por la cual estamos experimentando un xodo considerable de dentistas, tanto como 350 en menos de tres aos, y ms de un 90% expresaron que han pensado irse de la Isla. Es un conjunto de situaciones que terminan afectando el acceso de pacientes a servicios porque ya no hay ms tuercas que puedan apretarle al proveedor en algn momento tiene que tocarle un poco de la medicina amarga a la aseguradora, indic Pedro Chverez, presidente del Colegio.

Segn indicaron, gran parte de los fondos de Mi Salud provienen de fondos Medicaid y locales. De acuerdo al Colegio, a un dentista le cuesta por lo menos 30 dlares sentar a un paciente en una silla sin que abra la boca, de acuerdo a un estudio de costos de la prctica dental.

Por otro lado, los dentistas tambin reclaman que no existe un mecanismo operante para que todos los proveedores puedan negociar con las aseguradoras, ya que la Regla 91 que corresponde a una de las pocas leyes (Ley 203 del 8 de agosto de 2008) bajo la jurisdiccin de los Estados Unidos que regula y fiscaliza la relacin entre proveedor-aseguradora, as como el aumento de las primas a los pacientes sin justificacin previa y autorizacin del Estado en un mismo estatuto, no es funcional.

Finalmente el Colegio exhort a que todos los componentes del sistema (aseguradora, gobierno, paciente y proveedor) se sienten en una mesa a establecer mecanismos de evaluacin que logren un balance justo entre todas las partes.

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